Despenalización del aborto y Declaración universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

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Por Enrique Vera Jofré, Contralmirante


                En el Mensaje  que acompaña el proyecto de ley de legalización del aborto en tres causales, la Presidenta presenta tres “fundamentos”:

1.            Nuestros compromisos con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

2.            Existe un contexto normativo global.

3.            El Estado debe proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía.

El mensaje cita en casi todos sus párrafos a organismos internacionales para explicar la posición de Chile ante la situación que viven mujeres, especialmente aquellas de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural, ante la actual penalización del aborto. Según el proyecto, el país no podría seguir rehuyendo estas obligaciones internacionales. Además, hace referencia a varias recomendaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de los Derechos del Niños; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de manera de justificar ante los chilenos esta proposición que apunta a la legalización de un crimen. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos opina de distinta manera. Desde luego, en ninguna parte sostiene este "derecho" a ultimar a algún ser humano; al contrario, su tenor apunta al fortalecimiento de la vida, del matrimonio y de la familia. En consonancia con el art. 3° "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" el artículo 16 señala que:
"Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia". "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado"  y el art. 25° estatuye:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

En estos artículos hay derechos que van a la esencia de la naturaleza humana y claramente en contra de la interrupción unipersonal y voluntaria del embarazo;  “familia elemento natural y fundamental de la sociedad con derechos de protección del Estado”, los derechos de toda persona- hombre o mujer- a un nivel de vida adecuado así como su familia, salud  etc., y lo destacable, la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales.

La proposición del gobierno es, pues, cobarde y perversa. Es cobarde porque entrega toda la responsabilidad de consentir el aborto a la mujer embarazada, quedando tanto el Estado como el esposo o pareja libres de toda responsabilidad moral y ética, limpios de conciencia. Es perversa tanto por su acción que interrumpe el desarrollo  vital del feto o embrión eliminándolo, quitándole la vida con métodos deplorables, interrumpiendo la maternidad, como por sus consecuencias; es perversa, por la conducta materialista de eliminar un problema social a un costo menor del que tendría en caso que el Estado se hiciera responsable de la maternidad, parto, y cuidado del niño considerando su mantención, salud, educación hasta la adolescencia, permitiéndole a la madre la alternativa de reconsiderar su decisión de eliminar prematuramente o abandonar a su hijo.