Libertad económica y opción preferencial por los pobres
Por Francisco Bartolucci J.
Abogado, ex-parlamentario y profesor de Derecho
Después de tanto experimento
económico fracasado, puede afirmarse que la libertad económica es condición
indispensable para conformar una sociedad donde las personas puedan elegir
entre distintas opciones, tanto para poder generar bienes como para
distribuirlos. En este contexto, el libre mercado exige un marco jurídico
coherente que le permita desenvolverse,
que se traduzca no sólo en la
protección de la libertad económica, sino de la propiedad privada como
condición de aquella; que asegure la defensa de una competencia libre, de los
derechos de los consumidores, la justificación rigurosa de la legislación
contraria al mercado y el freno al ejercicio abusivo de las técnicas de la
intervención pública en la economía. Sus consecuencias son la generación de
riqueza, el aumento de la oferta de trabajo y de la calidad de éste y el consiguiente aumento de la movilidad
social.
Cuando la base de sustentación de
una estrategia de desarrollo, como acontece con la economía social de mercado, es
la libertad económica, ella incentiva la competencia, la superación individual,
la disciplina, el esfuerzo y el conocimiento, todo lo cual favorece a la
sociedad en su conjunto. Una economía cimentada en la libertad no solo descansa
en bases materiales sino que tiene un profundo contenido ético de valorización
de la persona y de su dignidad. Es sin duda, el mejor medio para hacer realidad
la opción preferencial por los pobres, que no es una opción para sumir a éstos
más aun en la pobreza, sino para rescatarlos de ella e integrarlos a plenitud
en la participación de los bienes sociales. La economía de mercado se ha
demostrado, de lejos, como el mejor medio para terminar con la marginación
social y para hacer realidad, más allá de consignas demagógicas, la dignidad de
las personas.
En efecto, la economía social del
mercado subordina la economía a los órdenes humanos que le trascienden. Para tales
propósitos, el Estado le corresponde intervenir en la economía a título
subsidiario, en la medida en que la cooperación asociativa privada no alcance a
asignar con suficiencia y universalidad dichos bienes y servicios esenciales.
Una autoridad subsidiaria, no es, sin embargo, una autoridad ausente o
inexistente; es el poder socialmente reconocido cuya misión es la de fomentar,
estimular, ordenar, suplir y complementar la actividad de los particulares, en
orden al bien común económico y social. Y, también, por supuesto, la de impedir
los abusos y de castigarlos llegado el momento
Por eso, frente a la demanda que
algunos sectores plantean por obtenerlo todo del Estado, sin costo alguno, se
hace menester, en primer lugar, reconocer lo que enseña la experiencia
histórica. Ese es el camino más apto para conducir a los pueblos a la pobreza,
a la marginalidad y a la completa sumisión a los dictados de quien detenta el
poder político. Por el contrario, el progreso y la integración social van de la
mano con la valorización del esfuerzo y mérito individual y de la labor
subsidiaria del Estado; frente a los eslóganes que satanizan el lucro y
pretenden hacer del Estado el principal productor de bienes y servicios, hay
que defender, pensando en los pobres, la propiedad privada y el legítimo
derecho a percibir los frutos del
emprendimiento y del propio esfuerzo; y frente al engaño que sostiene que
defendemos a los ricos en desmedro de los pobres, hay que mantener una
preocupación preferente por quienes menos tienen, pero teniendo muy presente
que a los pobres no se los ayuda simplemente acosando a los que tienen más. De
la buena administración que estos hagan de los bienes de que disponen -ésta es
su enorme responsabilidad- depende en gran medida que esos pobres también
puedan acceder a participar del goce de esos bienes y así superar los niveles
mínimos para llevar una vida acorde con la condición y la dignidad humana que
ellos también revisten.
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