Libertad económica y opción preferencial por los pobres

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Por Francisco Bartolucci J.

Abogado, ex-parlamentario y profesor de Derecho

          Después de tanto experimento económico fracasado, puede afirmarse que la libertad económica es condición indispensable para conformar una sociedad donde las personas puedan elegir entre distintas opciones, tanto para poder generar bienes como para distribuirlos. En este contexto, el libre mercado exige un marco jurídico coherente que le permita desenvolverse,  que se traduzca no sólo  en la protección de la libertad económica, sino de la propiedad privada como condición de aquella; que asegure la defensa de una competencia libre, de los derechos de los consumidores, la justificación rigurosa de la legislación contraria al mercado y el freno al ejercicio abusivo de las técnicas de la intervención pública en la economía. Sus consecuencias son la generación de riqueza, el aumento de la oferta de trabajo y de la calidad de éste  y el consiguiente aumento de la movilidad social.
Cuando la base de sustentación de una estrategia de desarrollo, como acontece con la economía social de mercado, es la libertad económica, ella incentiva la competencia, la superación individual, la disciplina, el esfuerzo y el conocimiento, todo lo cual favorece a la sociedad en su conjunto. Una economía cimentada en la libertad no solo descansa en bases materiales sino que tiene un profundo contenido ético de valorización de la persona y de su dignidad. Es sin duda, el mejor medio para hacer realidad la opción preferencial por los pobres, que no es una opción para sumir a éstos más aun en la pobreza, sino para rescatarlos de ella e integrarlos a plenitud en la participación de los bienes sociales. La economía de mercado se ha demostrado, de lejos, como el mejor medio para terminar con la marginación social y para hacer realidad, más allá de consignas demagógicas, la dignidad de las personas.
En efecto, la economía social del mercado subordina la economía a los órdenes humanos que le trascienden. Para tales propósitos, el Estado le corresponde intervenir en la economía a título subsidiario, en la medida en que la cooperación asociativa privada no alcance a asignar con suficiencia y universalidad dichos bienes y servicios esenciales. Una autoridad subsidiaria, no es, sin embargo, una autoridad ausente o inexistente; es el poder socialmente reconocido cuya misión es la de fomentar, estimular, ordenar, suplir y complementar la actividad de los particulares, en orden al bien común económico y social. Y, también, por supuesto, la de impedir los abusos y de castigarlos llegado el momento
      Por eso, frente a la demanda que algunos sectores plantean por obtenerlo todo del Estado, sin costo alguno, se hace menester, en primer lugar, reconocer lo que enseña la experiencia histórica. Ese es el camino más apto para conducir a los pueblos a la pobreza, a la marginalidad y a la completa sumisión a los dictados de quien detenta el poder político. Por el contrario, el progreso y la integración social van de la mano con la valorización del esfuerzo y mérito individual y de la labor subsidiaria del Estado; frente a los eslóganes que satanizan el lucro y pretenden hacer del Estado el principal productor de bienes y servicios, hay que defender, pensando en los pobres, la propiedad privada y el legítimo derecho a percibir  los frutos del emprendimiento y del propio esfuerzo; y frente al engaño que sostiene que defendemos a los ricos en desmedro de los pobres, hay que mantener una preocupación preferente por quienes menos tienen, pero teniendo muy presente que a los pobres no se los ayuda simplemente acosando a los que tienen más. De la buena administración que estos hagan de los bienes de que disponen -ésta es su enorme responsabilidad- depende en gran medida que esos pobres también puedan acceder a participar del goce de esos bienes y así superar los niveles mínimos para llevar una vida acorde con la condición y la dignidad humana que ellos también revisten.

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