Persecución política en Sede Judicial contra los miembros de las FF.AA. y de Orden
por Adolfo Paúl
Latorre, Magister en Ciencia Política, capitán de navío (r) y abogado
El
día 28 de octubre recién pasado tuvo lugar la “Primera reunión nacional de las
FF.AA., Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile en retiro”. En ella
me correspondió referirme a la
desmedrada situación que enfrentan uniformados en retiro por situaciones
vividas a partir del 11 de septiembre de 1973. En esta ocasión, quiero
compartir con los lectores un resumen de mi intervención.
En
definitiva, los
guerrilleros que entonces estaban dispuestos a matar y a morir por la
revolución y que llevaban a efecto una cruenta guerra subversiva a fin de
instaurar en Chile un régimen totalitario han pasado a convertirse en héroes y
quienes tuvieron la obligación de combatir la violencia criminal del terrorismo
marxista están siendo castigados como criminales.
Los
hechos evidencian que estos militares y carabineros, más allá, de los méritos y
deméritos propios de toda conducta humana individual, están siendo objeto de
procesos en los cuales la Constitución y las leyes se aplican sesgadamente con
la finalidad de condenarlos sea como sea y así cumplir con el lema “ni perdón
ni olvido”. Procesos que han resultado en una verdadera persecución política que
se realiza en sede judicial. Desde luego, nunca en ellos se ha tenido en cuenta
que la intervención de los uniformados tuvo su origen en la adopción, por parte
del presidente Allende y del gobierno de la Unidad Popular, de la ideología de
la revolución cubana de acuerdo con lo establecido en la resolución del XXII
Congreso del Partido Socialista al que pertenecía Salvador Allende que se llevó
a efecto en la ciudad de Chillán en noviembre de 1967 y que se inclinó
abiertamente por la vía violenta para la toma del poder; y, a la vez, en los
actos por los cuales esa ideología se llevó concretamente a la práctica. De
hecho, si no hubiese existido el régimen de la Unidad Popular, la intervención
militar de 1973, que desbarató el plan de dicho gobierno de “instaurar un
sistema totalitario” como lo señala el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22
de agosto de 1973, no hubiese sido necesaria y, por ende, no se habrían
producido las secuelas de dicha intervención. No se pueden juzgar éstas sin
tener a la vista las causas que hicieron perentoria la intervención militar.
En definitiva, esta persecución deja
en evidencia motivos muy distintos a la aplicación de una justicia objetiva.
Mucho más hay de odio y de venganza de los sectores de izquierda, que reconocen
en los institutos armados a quienes les impidieron consumar su proyecto
totalitario. Y, por eso, apuntan a destruir a las FF.AA., y a convertirlas en
fuerzas al servicio de una ideología, en el brazo armado del socialismo. Por lo
menos, tratan de destruir en los militares su capacidad moral para constituirse
en el último recurso al cual la patria puede recurrir sobre todo en caso de una
agresión interna de carácter totalitario.
Por
otra parte, esa persecución muestra el afán de los políticos de ocultar su
incapacidad, fracaso e impotencia, que llevó a Chile al borde del abismo y que
puso en peligro intereses vitales de la patria; riesgo del que fue rescatado
por los actuales perseguidos. Y afán de ocultar los éxitos del Gobierno
Militar, que logró reconstruir un país en ruinas y al borde de la guerra civil,
y lo llevó al umbral del desarrollo. A la vez que enviar un mensaje fuerte y
claro a los militares en servicio activo, y a las futuras generaciones, sobre
lo que les podría ocurrir si volviesen a intervenir.
También, hay aprovechamiento
político de quienes piensan que persiguiendo a los militares lograrán captar
más votos. Como asimismo, motivaciones de carácter económico; por ejemplo, el
negocio de las millonarias indemnizaciones por supuestos “delitos de lesa
humanidad”. Los invito a leer toda mi intervención en el linkhttp://www.asofar.cl/node/777
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