Desde hace ya algún tiempo a la fecha se ha agudizado la
política de persecución a los uniformados que, cualquier haya sido su grado
jerárquico, participaron de alguna manera en el régimen militar. Hace 25 años
que ese gobierno terminó y 42 que sucedieron los hechos del 11 de septiembre de
1973. Los uniformados que estuvieron ahí están todos ellos retirados de las
filas, son de edad avanzada, muchos de ellos muy enfermos y varios ya han
fallecido. Sin embargo, la persecución no amaina. Muchas veces sin pruebas
suficientes, pasando a llevar plazos de prescripción, y principios elementales
de Derecho Penal como el principio pro
reo. Son más de mil los militares procesados y cientos de ellos los que han
sido condenados a altas penas de prisión. Es cierto e indesmentible que durante
el régimen militar se cometieron excesos que no admiten excusa, pero hubo
multitud de otros donde la responsabilidad de los que aplicaron la fuerza se
confunde con la de aquellos que la hicieron inevitable. Por eso, es muy difícil
juzgar en estos casos y por eso es por lo que los países deciden, para
tranquilizar los espíritus y procurar la paz social, sacar esos casos de la
discusión judicial a través de leyes de amnistía. No se trata de olvidar, pero
sí de trasladar la discusión a otros ámbitos, como el académico.
Juzgar estos casos como si hubiesen ocurrido en una situación
de normalidad es el principio de una notoria injusticia. Sostener que el paso
dado por los uniformados aquel 11 de septiembre de 1973 fue un acto de sedición
motivado por un puro y descarado afán de poder y que el gobierno depuesto era
un gobierno de justicia, de eficiencia y de respeto a las libertades de todos
constituye claramente un intento por echar por tierra la verdad histórica. Y
cuando eso sucede queda a la vista que lo que hay detrás no es tanto una sed de
justicia sino, más bien, una sed de venganza. Y esto es grave no sólo para los
que se ven afectados de manera directa, sino para todo el país. La justicia es
el fundamento de la paz social; la venganza, en cambio atiza los odios y
constituye el caldo de cultivo para la desunión y el afán de revancha. Mantener
vivo el capítulo abierto el 11 de septiembre de 1973 impide que el país cierre sus
heridas y provoca que, por el contrario, quede expuesto a todas las
consecuencias. Y así como hoy hay algunos que aprovechando su transitoria
posición de poder dan rienda suelta a su sed de venganza, mañana puede suceder
lo mismo, pero en sentido contrario, entrando el país en un espiral de
violencia que va a terminar con su destrucción.
Urge pues terminar con este espectáculo de los uniformados
desfilando de los tribunales a las cárceles del país. La paz y la justicia
exigen cerrar este capítulo.
Durante la reciente reunión del Mercosur en Asunción, el
presidente Mauricio Macri pidió la liberación de los presos políticos en
Venezuela. Pienso que la caridad debe empezar por casa y que él debería
proceder a liberar a los cientos de militares presos políticos en su propio
país que padecen injusta, ilegal e ilegítima privación de libertad.
Al respecto, debemos recordar que a comienzos del año 1975
el gobierno de Isabel Perón —con la firma de la Presidente y de todos sus
ministros— dictó el primer decreto ordenando a las FF.AA. combatir a los
guerrilleros y al terrorismo subversivo en la provincia de Tucumán. Dicha orden
fue extendida a todo el territorio nacional mediante el decreto 2772 del 8 de
octubre de ese año, que establecía: “Las Fuerzas
Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido
a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares
y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los
elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Sin embargo, a fin de satisfacer la sed de venganza de
una minoría cargada de odios y encarcelar a quienes —enfrentando a verdaderos
ejércitos irregulares— le devolvieron a la nación la tranquilidad exigida por
la sociedad argentina, el presidente Néstor Kirchner impulsó en el año 2003 la
“declaración de nulidad” por parte del Congreso de las leyes de amnistía (de
Obediencia Debida y Punto Final) que ese mismo Congreso había sancionado pocos
años atrás y que la Corte Suprema de Justicia había declarado que eran
plenamente constitucionales.
Adolfo
Paúl Latorre
Abogado
Hoy día se encuentra en tramitación
en el Congreso una iniciativa del actual gobierno para despenalizar el aborto,
tema que está directamente relacionado con la protección de los derechos humanos
a la vida desde sus etapas iniciales. Según los antecedentes que entrega el
Mensaje Presidencial “La penalización del aborto sin
excepciones en nuestro país constituye un incumplimiento inequívoco de las
obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en relación a la
garantía que debe existir respecto del pleno goce de los derechos a la vida y a
la integridad física y psíquica de las mujeres”. La iniciativa se preocupa principalmente de dar
cumplimiento a las obligaciones internacionales, y no del derecho a la vida del
que está por nacer y a las consecuencias post aborto en las mujeres.
En
Chile, nuestra legislación protege la vida del que está por nacer, como
también, protege la vida
de la madre en ciertos casos de alto riesgo, por lo tanto, y como lo expresó el
Presidente de la Corte Suprema, “carece de sentido invocar razones terapéuticas
para impulsar una ley de aborto”. El aborto es dañino para las mujeres, todos
los antecedentes concluyen que el hecho de haber vivido una interrupción en su
embarazo además de las consecuencias físicas, sufren emocional y espiritualmente
incluyendo sentimientos de culpa, angustia, depresión, insomnio y otros difíciles
de superar. Por otro lado, en relación con la preocupación del gobierno con las
mujeres embarazadas que están en mayor vulnerabilidad social y económica, la
ley 20.379 del año 2009, que crea el Sistema Intersectorial de Protección
Social e Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia
“Chile Crece Contigo” que junto con el Programa “Chile Solidario” ley 19.949 se encarga de acompañar el proceso de
desarrollo de los niños y niñas que se atiendan en el sistema público de salud,
desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar.
La política pública que comentamos no
es consecuente con los niveles de natalidad que se necesitan en el país. El
mensaje indica que entre el año 2001 y 2012 hubo un promedio de 32.992
casos/año de abortos sin contabilizar los no controlados. La tasa de natalidad actual es 1.9 hijos por
mujer y ha experimentado un descenso manifiesto encontrándose bajo la tasa
mínima necesaria para mantener una población activa lo que empeorará en el
futuro la calidad de vida del país. También es conocido que en el país el
número de adultos mayores ha crecido, la población se está envejeciendo. En este
contexto es absurda una política pública para despenalizar el aborto, por el
contrario, deberían mejorarse y crearse nuevas políticas públicas para proteger
a la mujer embarazada, cuidarla, premiarla en el sentido más amplio de la
palabra, costeando todos los gastos y cuidados durante su embarazo sin importar
el nivel socioeconómico, garantizándole plena protección en los Programas
Sociales “Chile Crece Contigo” y “Chile Solidario”. Así este gobierno, en vez
de violar los derechos humanos al despenalizar el aborto estaría contribuyendo
a tener un Chile más puro y próspero.
Enrique Vera Jofré
